El gobernador Luis Fortuño reaccionó a la decisión que favorece la implantación de la polémica Ley 7 bajo su administración. “(La ley es) válida, lo que siempre dijimos, que esa ley es válida”, indicó el Mandatario en conferencia de prensa.
Por su parte, el obispo Juan Vera, portavoz de Todo Puerto Rico por Puerto Rico, se manifestó entristecido con la postura de la mayoría judicial.
“Realmente no nos sorprende la decisión. Verdaderamente nos entristece. Ciertamente porque en este momento sea legal, no deja de doler que pierdan sus empleos”, dijo.
¿Qué se esperaba?
La validez jurídica siempre es función y efecto de una relación de fuerzas, de quien puede. Es la capacidad de imposición de los que quieren imponer lo que se impone. No hace mucho que el racismo y muchas otras discriminaciones eran legales, y siguen siendo persistentes. ¿Por qué? Los decretos correctivos no bastan, si acaso suceden, pues son efectos de luchas capaces de cambiar las situaciones que llegan a ser inaceptables en su momento. Eso es lo que siempre está en juego. Si algo ha cambiado, no ha sido porque se ha legislado el cambio. Es lo contrario: si se ha legislado algo, para mitigar lo inaceptable, es porque la fuerza de lo inaceptable ha provocado legislación. Y siempre queda la pregunta: ¿acaso lo legislado es suficiente? Y entonces las luchas siguen … ¿hasta cuándo? … Lo contrario es posible siempre, y es lo que tenemos. ¿Cómo luchamos?
La Ley 7 …
La suprema corte decreta que la Ley 7 es legítima. ¿Y ahora, qué pasa? ¿Cómo cambia eso?
Podemos seguir hablando de las sutiles diferencias entre huelgas generales y estados huelgarios (situaciones de huelga). Son las retóricas políticas aceptadas que coinciden con las expectativas del poder. Eso no es amenaza. Eso no conlleva la posibilidad de cambio.
El gobierno tiene razón, su razón de Estado. Claro que sí. La suprema corte lo afirma. Eso es la ley. Pero la ley siempre es efecto y consecuencia, efecto y logro de quienes pueden confirmar la ley que se impone, y es consecuencia para todos.
¿Qué es lo que no se puede aceptar? ¿Qué se esperaba de la suprema corte? ¿Qué se quiere que sea distinto?
No basta con tristezas, ni podemos esperar que las burocracias sindicales y políticas sean capaces de entender el momento, para ver si entonces pueden (o quieren) confrontar la situación. Hay muchos y demasiados intereses encontrados en todo esto. Las luchas posibles son otras, y ya existen. ¿Cómo se hacen fuertes? Se agotaron los recursos jurídicos. ¿Como se hacen fuertes las luchas que tal vez podrían ser capaces de conseguir algo distinto, que no sea un regreso imaginado al pasado? Estamos ante una estrategia, neoliberal, que se consolida sin oposiciones efectivas. Lo que vemos no es una política que se escoge, sino una estrategia de Estado que se impone. Ante eso hay que oponer una estrategia de luchas que no se dejen encajonar, que no sean sumisas ni tímidas.
¿Y los desempleados (todos, no solo los desempleados estatales), qué dicen y piensan? ¿Y la isla, sus ecologías?
Mientras se siga aceptando el enredo de los procedimientos disponibles como modo de buscar el cambio, no se puede esperar otra cosa.
¿Eso es lo que se quiere?
Si es eso, entonces hay que aceptar que somos isla suicida. Estamos contentos con los empleos precarios de Walmart, pues son los empleos inciertos del neoliberalismo que se promueven en la prensa como la gran solución. En verdad son el problema, que sean los únicos que se promueven. Eso somos: neoliberalismo.
Si la insurgencia posible, en contra de todo esto, no deviene movimiento amplio e inclusivo, multifacético y ágil, de resistencias y desobediencias civiles que coincidan de manera sostenida e indefinida, no hay gran cosa que se pueda esperar. Pero eso tiende a un límite, a una frontera política (y social) que tal vez no se quiera o se pueda rebasar, pues tiende a exigir otros modos y formas de gobierno y de convivencia. Tal vez eso sea el problema.
Ya veremos, dijo el ciego ..
http://www.elnuevodia.com/luzverdedelsupremoalaley7-667527.html
Luz verde del Supremo a la Ley 7
El tribunal, con la disidencia de tres jueces, declaró constitucional el estatuto.
Por Daniel Rivera Vargas y Melisa Ortega MarreroEl Tribunal del Supremo determinó hoy la constitucionalidad de la Ley 7 de Emergencia Fiscal.
La decisión fue emitida por el juez Erick Kolthoff, a la cual se unieron los jueces asociados Rafael Martínez Torres, Efraín Rivera Pérez y Mildred Pabón Charneco.
El juez presidente Federico Hernández Denton y las juezas asociadas Anabelle Rodríguez y Liana Fiol Matta emitieron votos disidentes con sus respectivas opiniones.
“Las facultades que les reconoce el Art. 68 de la Ley Núm. 7, supra, al Gobernador, no son una delegación impermisible o indebida de poder. Tales facultades se circunscriben a la Rama Ejecutiva y en ningún momento develan la intención legislativa de claudicar a sus poderes constitucionales de legislar”, lee parte de la decisión mayoritaria.
La opinión enfatiza la crisis económica que afecta al mundo en la actualidad y destaca que, aunque en la esfera pública fueron 17,000 los empleados cesanteados, en la empresa privada la cifra de despedidos durante los pasados tres años asciende a 120,000.
El fallo también declara no ha lugar el pedido de interdicto para que se paralicen los efectos del estatuto.
Los empleados públicos en este caso impugnaban la constitucionalidad del estatuto porque, según ellos, violenta el derecho al debido proceso de ley.
Opiniones disidentes
En su opinión disidente, el juez presidente Hernández Denton dijo que la Ley 7 viola los derechos de los empleados públicos y la cláusula constitucional que impide el menoscabo de las obligaciones contractuales.
El togado expresó, además, que la opinión esbozada por la mayoría del Tribunal es contraria a una decisión anterior del propio foro cuando resolvió que los ex gobernadores tenían un derecho adquirido a sus escoltas.
“Contrario al reclamo de los ex gobernadores, el de los empleados públicos cesanteados se basa en las disposiciones expresas de un ordenamiento que les garantiza el principio de mérito en el servicio público y les otorga derechos propietarios. No podemos avalar que ante el reclamo de sus derechos, no sólo adquiridos, sino expresamente conferidos por ley, se adopte un criterio distinto al pautado en el caso de las escoltas de los ex gobernadores”, señaló Hernández Denton.
Criticó severamente que no se le haya concedido a las partes la oportunidad adecuada de exponer sus puntos de vista, violentando el principio de equidad procesal.
“El dictamen de este Tribunal priva a los empleados públicos afectados de sus derechos adquiridos sin tan siquiera haberles provisto un proceso judicial completo y transparente, lo que lamentablemente tendrá el efecto de socavar la legitimidad de la decisión de este Tribunal y contribuirá a crear aún más desconfianza sobre la sabiduría y la validez de la acción tomada por el Estado para resolver sus problemas fiscales”, agregó.
Por su parte, Fiol Matta expresó en su opinión disidente que la decisión de la mayoría es una “desinformada, resultado de un improvisado y mal aplicado proceso de certificación. En ausencia de prueba, la mayoría acaba por deshacer los fundamentos metodológicos de la mejor hermenéutica constitucional y termina en el terreno de la especulación acientífica”.
Mientras, la jueza asociada Anabelle Rodríguez también criticó la inconsistencia entre las decisiones del presente caso y el de las escoltas de los ex gobernadores. “La inconsistencia entre ambos dictámenes es evidente e irrefutable. Nada, que esta falta de constancia sólo se puede entender, tal vez, cuando, desde la orilla, observamos el flujo y reflujo de la marea”, declaró.
Reacciones al fallo
El gobernador Luis Fortuño reaccionó a la decisión que favorece la implantación de la polémica Ley 7 bajo su administración. “(La ley es) válida, lo que siempre dijimos, que esa ley es válida”, indicó el Mandatario en conferencia de prensa.
Por su parte, el obispo Juan Vera, portavoz de Todo Puerto Rico por Puerto Rico, se manifestó entristecido con la postura de la mayoría judicial.
“Realmente no nos sorprende la decisión. Verdaderamente nos entristece. Ciertamente porque en este momento sea legal, no deja de doler que pierdan sus empleos”, dijo.